Para la portavoz del PP de la Región de Murcia “la prueba de fuego” que tiene el nuevo secretario general de los socialistas en estos momentos es “frenar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que suponen todo un hachazo a nuestros regantes”
La portavoz del Partido Popular en la Región de Murcia (PPRM), Miriam Guardiola, considera que la apelación al “diálogo” del secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, realizada esta mañana, solo es una “pose” del político más insultón entre los socialistas murcianos.
Para Miriam Guardiola es una gran contradicción que Lucas, subordinado de Pedro Sánchez en la Región de Murcia, quiera abrir ahora una nueva etapa de acuerdo cuando el PSOE lo único que ha hecho en los últimos años ha sido “instalarse en la confrontación y colocar un cordón sanitario infranqueable con un objetivo tan solo: aislar al Partido Popular”.
“Lucas debe pasar de las palabras a los hechos de una vez por todas si realmente quiere defender a la Región” ha añadido la portavoz popular quien ha recordado que el nuevo secretario general de los socialistas debería empezar “por exigir la reforma del sistema de financiación autonómica” y a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que asegure los más de 500 millones de euros del Extra Fla, el fondo de financiación de las comunidades autónomas, que corresponden a la Región.”
Para Guardiola “la prueba de fuego que tiene Francisco Lucas en estos momentos es frenar las reglas de explotación establecidas por el Gobierno central para el trasvase Tajo-Segura, “que suponen todo un hachazo para nuestros regantes”. “Lucas tiene que mojarse si quiere que los murcianos se crean que defiende el trasvase”, ha señalado.
“El secretario general del PSRM-PSOE tiene una lista muy larga de deberes ante Sánchez si de verdad quiere defender a la Región de Murcia” ha añadido la portavoz del PP. Además, por último, ha recordado los agravios a los que el Gobierno central tiene sometidos a los murcianos. Entre ellos, las ayudas a la dependencia, un apoyo económico del que “el Gobierno de España nos debe 422 millones de euros”.