24/03/2026
El Gobierno regional denuncia que el anteproyecto del SMI vulnera la legalidad y debilita la negociación colectiva
La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social presenta alegaciones ante el Ministerio al considerar que el texto invade competencias legales, ignora la normativa europea y rompe el equilibrio del diálogo social
Foto de archivo de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.
El Gobierno regional denunció hoy que el anteproyecto de Real Decreto que fija las reglas de aplicación del salario mínimo interprofesional (SMI) vulnera principios fundamentales del ordenamiento jurídico y debilita el papel de la negociación colectiva, según las alegaciones presentadas ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, señaló que “este anteproyecto invade claramente el ámbito de normas con rango de ley y quiebra principios básicos como la legalidad y la jerarquía normativa”, al tiempo que advirtió de que “se aparta de forma injustificada de la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo”.
El documento remitido por la Dirección General de Trabajo de la Comunidad al Ministerio subraya que la regulación propuesta introduce cambios por vía reglamentaria que entran en conflicto con el Estatuto de los Trabajadores.
En relación con la normativa europea, la consejera criticó que “el texto olvida aspectos esenciales de la directiva, especialmente en materia de contratación pública”, y resaltó que “no se puede exigir a las empresas el cumplimiento del SMI mientras la propia Administración no garantiza ese mismo cumplimiento en sus contratos y subcontratas”.
La titular de Empresa cuestionó el nuevo sistema de actualización del SMI, asegurando que “el Gobierno central impone revisiones automáticas ligadas únicamente al IPC, ignorando factores clave como la productividad, el poder adquisitivo o la evolución real de los salarios”. En este sentido, afirmó que “se trata de un enfoque incompleto que no se ajusta ni a la normativa europea ni al Estatuto de los Trabajadores”.
Otro de los puntos analizados es la regulación de la compensación y absorción salarial. La consejera advirtió de que “se limita de forma indebida un mecanismo reconocido legalmente”, y recordó que “el Tribunal Supremo ha dejado claro que el SMI es un umbral global anual y no un salario base, por lo que esta modificación altera su propia naturaleza”.
Intervencionismo del Gobierno frente a diálogo social
Por otro lado, López Aragón alertó de que “este anteproyecto supone un cambio de modelo en las relaciones laborales”, ya que “sustituye el diálogo social por un mayor intervencionismo del Gobierno”. A su juicio, “se desincentiva la negociación colectiva y se reduce la autonomía de sindicatos y empresarios para fijar salarios, lo que rompe el equilibrio del sistema”.
La consejera también puso el foco en la memoria de análisis de impacto normativo, indicando que “carece del rigor exigible, sin estudios económicos completos ni evaluación de cargas administrativas”, y añadió que “esto vulnera los principios de buena regulación y transparencia que deben guiar cualquier iniciativa normativa”.
Con estas alegaciones, el Gobierno regional reclama al Ejecutivo central “una revisión en profundidad del anteproyecto para garantizar su adecuación al marco legal, el respeto a la negociación colectiva y una correcta transposición de la directiva europea”.